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PRODUCTIVAS
3 de febrero de 2023
El BCRA mejorará las condiciones de financiamiento para productores afectados por la sequía
Los productores alcanzados por la Ley de Emergencia Agropecuaria tendrán hasta el 31 de diciembre de este año plazos más flexibles en el conteo de la mora para considerar su situación crediticia, según lo establecido en la norma sobre Clasificación de Deudores.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adoptó este jueves medidas para favorecer el financiamiento de los productores agropecuarios afectados por la sequía, que incluyen plazos más flexibles para la determinación de la mora y la posibilidad de acceder a las líneas de crédito subsidiadas.
"La nueva norma les suma 45 días a las primeras tres categorías de deudores para aliviar a los productores agropecuarios", informó el BCRA en un comunicado.
Aún así aclaró que el tratamiento más laxo por las condiciones de emergencia "no podrán implicar mejoramiento de la clasificación asignada al cliente en función de su situación individual, preexistente a la declaración de emergencia, ni su aplicación extenderse más allá de la vigencia fijada para ella".
"Además, los productores declarados en emergencia que hayan vendido su tenencia de soja podrán acceder a todas las líneas de créditos que se ofrezcan en el sistema financiero", afirmó el Central. De esta forma se da marcha atrás con la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa.
Estas medidas se suman a las anunciadas el martes último, cuando el Gobierno nacional lanzó un paquete de asistencia a los productores rurales afectados por la sequía, que se incluyen la suspensión de algunos anticipos de impuestos, facilidades financieras y una rápida homologación de la declaración de emergencia agropecuaria.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que se creará un "fondo rotatorio" por $5.000 millones para llegar a los pequeños productores que se canalizará a través de convenios con provincias, municipios y/o cooperativas agropecuarias, sistema con el que se aspira a asistir a 18.000 pequeños productores.
También se suspenderá el pago de anticipo de impuesto a las Ganancias, los juicios de ejecución fiscal y los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por la emergencia.
"La nueva norma les suma 45 días a las primeras tres categorías de deudores para aliviar a los productores agropecuarios", informó el BCRA en un comunicado.
Aún así aclaró que el tratamiento más laxo por las condiciones de emergencia "no podrán implicar mejoramiento de la clasificación asignada al cliente en función de su situación individual, preexistente a la declaración de emergencia, ni su aplicación extenderse más allá de la vigencia fijada para ella".
"Además, los productores declarados en emergencia que hayan vendido su tenencia de soja podrán acceder a todas las líneas de créditos que se ofrezcan en el sistema financiero", afirmó el Central. De esta forma se da marcha atrás con la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa.
Estas medidas se suman a las anunciadas el martes último, cuando el Gobierno nacional lanzó un paquete de asistencia a los productores rurales afectados por la sequía, que se incluyen la suspensión de algunos anticipos de impuestos, facilidades financieras y una rápida homologación de la declaración de emergencia agropecuaria.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que se creará un "fondo rotatorio" por $5.000 millones para llegar a los pequeños productores que se canalizará a través de convenios con provincias, municipios y/o cooperativas agropecuarias, sistema con el que se aspira a asistir a 18.000 pequeños productores.
También se suspenderá el pago de anticipo de impuesto a las Ganancias, los juicios de ejecución fiscal y los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por la emergencia.
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