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7 de julio de 2026

Más de 227 mil personas con discapacidad esperan una respuesta para acceder a una pensión

Un informe del CELS advierte que el Gobierno mantiene sin resolver más de 227 mil solicitudes de pensiones por invalidez. Desde diciembre de 2023 se otorgaron apenas 8.633 beneficios, mientras que más de 110 mil pensiones fueron dadas de baja en el marco de las auditorías oficiales.

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado a partir de información oficial, reveló que 227.354 personas con discapacidad continúan esperando una respuesta a sus solicitudes de pensión por invalidez, pese a haber presentado la documentación requerida. Algunos expedientes permanecen sin resolución desde la pandemia.

Según el relevamiento, existen actualmente 324.303 expedientes sin resolución. De ese total, 96.949 corresponden a trámites que no fueron completados por los solicitantes, mientras que 227.354 permanecen pendientes de una decisión por parte del Estado.

El CELS sostiene que, desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional otorgó únicamente 8.633 pensiones y rechazó otras 1.741, resolviendo en total apenas 10.374 expedientes en más de dos años de gestión. En paralelo, más de 110.000 pensiones fueron dadas de baja durante las auditorías impulsadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que el saldo final continúa reflejando una reducción en la cobertura del sistema.

Del total de expedientes pendientes, más de 200 mil fueron iniciados entre 2020 y 2023, lo que implica esperas de entre tres y seis años. Otros 90.791 trámites corresponden a solicitudes presentadas durante la actual gestión.

Desde el CELS advirtieron que la demora afecta gravemente a personas con discapacidad y a sus familias, ya que para muchos beneficiarios la pensión representa un ingreso esencial para cubrir necesidades básicas. La organización considera que la escasa cantidad de resoluciones evidencia una fuerte parálisis administrativa.

El organismo también vinculó esta situación con la reducción de personal en el área de discapacidad. Según la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cerca de mil empleados fueron desvinculados durante el proceso de reestructuración del organismo.

En paralelo, continúa la discusión judicial por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, aprobada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial, flexibiliza los requisitos para acceder a las pensiones mediante la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, su aplicación permanece suspendida mientras la Justicia resuelve distintas presentaciones.

Los principales datos del informe

  • 324.303 expedientes de solicitud permanecen sin resolución.
  • 227.354 personas completaron toda la documentación y siguen esperando una respuesta.
  • 96.949 trámites quedaron incompletos o fueron abandonados.
  • 200.011 expedientes pendientes fueron iniciados entre 2020 y 2023.
  • 90.791 solicitudes corresponden al período comprendido entre enero de 2024 y abril de 2026.
  • Desde diciembre de 2023 se otorgaron 8.633 pensiones y se rechazaron 1.741, resolviéndose apenas 10.374 expedientes en total.

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