A raíz de la circulación de amenazas vinculadas a posibles tiroteos en establecimientos educativos —algunas incluso de carácter directo, como un caso reportado en Punta Alta en la Escuela Secundaria N° 5—, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires difundió un protocolo de actuación ante la gravedad de los hechos.

El documento establece lineamientos claros para intervenir en “situaciones de alerta”, priorizando la celeridad, la protección y la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ), bajo un enfoque de corresponsabilidad institucional.

Ante mensajes que refieran a posibles ataques o presencia de armas, se indica actuar sin dilaciones, resguardar la integridad física y emocional de la comunidad educativa y evitar intervenciones individuales que puedan agravar el escenario.

Mensajes de amenaza
En caso de detectar inscripciones o contenidos amenazantes —ya sea en cartelería o medios digitales—, el personal deberá informar de inmediato al equipo directivo. Este, a su vez, dará aviso a la cadena jerárquica educativa, desde inspectores hasta autoridades regionales.

Además, el directivo del establecimiento deberá radicar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía o autoridad judicial competente, iniciando la investigación. En esta etapa inicial, se remarca la importancia de resguardar la identidad de los estudiantes involucrados.

Presencia de armas
El protocolo indica considerar siempre cualquier arma como si estuviera cargada. Se recomienda intentar calmar a la persona involucrada, mientras otro adulto da aviso inmediato al 911.

En caso de manipulación del arma, se sugiere persuadir al estudiante para que la deposite en una superficie segura y mantener la calma hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. También se establece que ningún miembro de la comunidad debe tocar el arma, la cual será retirada exclusivamente por personal policial.

Si no hay resistencia, se podrá evacuar el aula y aislar al estudiante en otro espacio institucional bajo contención. Asimismo, se deberán extremar las medidas para que el resto de los cursos permanezcan resguardados.

Finalizada la situación, el hecho será considerado delito, por lo que el estudiante quedará bajo custodia, con intervención de la familia y de la Fiscalía.

Acciones posteriores
El protocolo también contempla medidas a corto, mediano y largo plazo, con intervenciones socioeducativas integrales. Entre ellas, se destacan la generación de espacios pedagógicos para abordar lo ocurrido, el acompañamiento a las familias, la elaboración de informes institucionales y el fortalecimiento de acuerdos de convivencia y cuidado digital.

Para ampliar las orientaciones, se recomienda recurrir a la Guía de intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el ámbito escolar.