Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR) revela que las personas que viven en barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que el resto de la población argentina.

El dato alarmante se obtuvo al analizar la información demográfica de la población residente en barrios populares. El trabajo se basó en datos oficiales del Censo Nacional 2022, en registros de defunciones del Ministerio de Salud y en los relevamientos realizados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

A partir de este análisis se identificaron enormes diferencias en la composición de la población y la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares, comparado con las estadísticas de la población general del país.

Datos preocupantes

La comparación histórica es contundente: la pirámide de los barrios populares en 2022 se parece más a la del Censo Nacional de 1914, cuando Buenos Aires crecía sobre la base de conventillos hacinados, viviendas precarias sin cloacas ni agua corriente y una urbanización marcada por la desigualdad. Más de un siglo después esa misma postal se repite en los barrios populares mostrando que la vejez sigue siendo un privilegio al que pocos acceden.

Referido a la mortalidad de la población, se ha identificado un hallazgo que expresa de manera extrema la situación de desigualdad: mientras la población general del país muere en promedio a los 71 años, en los barrios populares la vida se acorta once años: el promedio de edad de fallecimiento es apenas 60 años.

Sentencia de muerte

Si bien el informe no establece una relación causal única, señala un triángulo de desigualdad entre las condiciones habitacionales, el acceso a la salud y la precariedad laboral que afecta la trayectoria de vida y muerte de las personas que habitan estos barrios.

«En el actual contexto de ajuste presupuestario –concluye el informe– los hallazgos son un llamado para comprometerse y transformar esta situación, para que no se convierta en una sentencia de muerte para millones de argentinos y argentinas. Con inversión sostenida, planificación estatal y acceso a derechos básicos, la brecha de años de vida puede reducirse».