En plena crisis económica y bajo un régimen de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo formalizó un convenio bilateral con Israel que otorga acceso al sistema previsional argentino a ciudadanos israelíes. La noticia generó indignación en redes sociales y alimenta las críticas al modelo libertario por su doble vara en la distribución del gasto público.

Asignaciones para extranjeros, ajuste para los argentinos

Mientras se profundiza el ajuste más brutal de las últimas décadas, el Gobierno de Javier Milei oficializó un convenio con el Estado de Israel que garantiza el acceso de ciudadanos israelíes a los beneficios del sistema de seguridad social argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 12 de junio, entra en vigencia en un momento de recortes generalizados: los haberes jubilatorios están congelados, los salarios estatales pierden poder adquisitivo y hospitales de referencia como el Garrahan denuncian falta de fondos para funcionar.

El acuerdo, que había sido firmado en febrero de 2024 pero se activa recién ahora con la publicación del reglamento administrativo correspondiente, establece que cualquier ciudadano israelí que resida legalmente en Argentina podrá acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otras prestaciones contributivas del sistema previsional nacional.

El texto señala que el tratado rige desde el 1° de mayo de 2024, aunque su aplicación concreta comienza con esta reciente formalización. Además, el acuerdo contempla un esquema de reciprocidad: los ciudadanos argentinos que residan en Israel podrán acceder en ese país a beneficios similares.

Indignación en redes y críticas en aumento

La publicación del acuerdo desató una ola de indignación en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la contradicción entre los recortes al pueblo argentino y la expansión de beneficios para extranjeros. “Congelan las jubilaciones, vetan aumentos para estatales, vacían el Garrahan, pero destinan recursos a sostener asignaciones sociales para ciudadanos de otro país”, resumió un usuario en X (ex Twitter), sintetizando el malestar generalizado.

La noticia se conoce en medio de un deterioro acelerado de las condiciones de vida: el poder adquisitivo de los jubilados ha caído estrepitosamente desde diciembre de 2023, la inflación no cede y el Gobierno vetó recientemente una ley que otorgaba aumentos automáticos a los haberes previsionales. En ese contexto, el convenio con Israel aparece como una muestra más del sesgo ideológico y geopolítico de la gestión de Milei, que prioriza los lazos internacionales antes que las necesidades básicas de su propio pueblo.

¿Coherencia doctrinaria o contradicción ideológica?

El Gobierno libertario que promueve el achicamiento del Estado y el fin de los privilegios, lejos de reducir el gasto público en todos los frentes, parece administrarlo con criterios selectivos. El convenio con Israel revela una lógica donde se eliminan derechos para los argentinos pero se sostienen beneficios para ciudadanos de otros países, siempre y cuando coincidan con los aliados estratégicos del oficialismo.

La medida también puede leerse como un gesto político hacia Tel Aviv, en sintonía con las manifestaciones públicas de admiración de Milei hacia el Estado de Israel y su política exterior. Sin embargo, más allá de los alineamientos diplomáticos, la pregunta que resuena es: ¿por qué en plena emergencia económica y con un Estado que “no hay plata” para los argentinos, sí hay fondos para financiar prestaciones a ciudadanos extranjeros?

Conclusión: el ajuste como decisión política

El convenio con Israel no es un hecho aislado, sino parte de una política pública que revela la verdadera escala de prioridades del Gobierno de La Libertad Avanza. Mientras se castiga a jubilados, trabajadores y niños argentinos, el Estado continúa operando con una lógica de privilegios y beneficios para sectores determinados, aun cuando eso implique profundizar las desigualdades internas.

En un país donde el 60% de los chicos es pobre y donde el sistema de salud y educación pública están al borde del colapso por falta de presupuesto, decisiones como esta alimentan una sensación de injusticia y de traición al mandato de cuidar a quienes más lo necesitan. El ajuste, queda claro una vez más, no es técnico: es político. Y también profundamente ideológico.