La Corte Suprema dejó firmes las multas al PRO por la causa "aportantes truchos" de 2017, en la que simularon aportes de personas beneficiarias de planes sociales, a partir de los datos de ANSES. 

Tras un largo recorrido judicial, que comenzó con una investigación periodística en 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la multa a la coalición Cambiemos y a los partidos que lo integraron, por las irregularidades en su rendición de cuentas de aportes y gastos de campaña de ese año en la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en la Justicia Federal de La Plata, por supuestas irregularidades e incumplimientos a la Ley 26.215, que establece el marco normativo para el financiamiento de los partidos políticos. 

Ese tribunal desaprobó las presentaciones, tanto de la coalición entonces gobernante como de las fuerzas que la integraban y fijó multas, que fueron apeladas y ratificadas en fallos de cámara. La nueva apelación llegó hasta el máximo tribunal, que acaba de expedirse al respecto.

Al PRO se le impuso una multa por un monto de 3.246.965,53 de pesos; a la UCR, un monto de 990.599,65; y a la Coalición Cívica, un monto de 990.599,65.

En los primeros meses de 2018, el escándalo comenzó a crecer, a pesar del prolijo trabajo de omisión de los medios adictos al macrismo. Tanto, que la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia de prensa. 

"La ley de financiamiento de los partidos tiene fallas", dijo por toda justificación. Más tarde, en julio de ese año, como la situación no se descomprimía, se vio obligada a pedirle la renuncia a la funcionaria y contadora del PRO, que además era su amiga y contadora personal de muchos años, María Fernanda Inza.

Otro artilugio fue asentar sumas de dinero más importantes a nombre de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial de aquel momento. Sucedió, por ejemplo, con funcionarios del ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y con el entonces titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el pipinenese Juan D'Amico. Pero tampoco habían sido informados previamente de la maniobra, por lo que quedaron expuestos en los medios. 

Ese año el PRO fue, por mucho, el partido que declaró más donaciones en efectivo, lo que es más difícil de probar y más sospechoso para la justicia.

La decisión de la Corte es sumamente inoportuna para los planes de Maria Eugenia Vidal, cuyo presente y futuro político están del otro lado de la avenida General Paz. Tras ser derrotada en las elecciones de 2019 por el actual gobernador, Axel Kicillof, Vidal borró el "orgullosamente bonaerense" de su biografía de X. 

Dos años más tarde, compitió y obtuvo una banca de diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cuyo mandato vence el próximo 10 de diciembre. Ahora suena como una posibilidad muy firme para encabezar la boleta de legisladores porteños del PRO, cuyo plazo de presentación vence el sábado a medianoche.

En primera persona

Noemí Viera tiene treinta y siete años y cinco hijos. Es vecina del Barrio Villa Itatí de Quilmes, uno de los barrios populares censados por el Renabap, y graduada de la licenciatura en Derechos Humanos y Justicia de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). 

Ella es una de las víctimas de la maniobra y una de las que sostuvo, en un escenario sumamente adverso, el reclamo de justicia contra la ex gobernadora y presidenta del Pro en la provincia, quien parecía entonces todopoderosa.

"La decisión de la Corte es una gran noticia y trae algo de alivio. Sobre todo porque mucha gente del barrio que estaba en la misma situación me pregunta si tengo novedades. Pienso también en Jaime, un compañero que falleció hace poco y esperaba justicia. Ahora tenemos un poco más de esperanza", reflexiona.

Lo que más le molesta a Viera es que, siete años después, sigue afiliada al PRO. "Cuando quise desafiliarme, en el juzgado me explicaron que si lo hacía, era una manera tácita de considerar legítima mi afiliación. Entonces decidí esperar a que esto se resolviera. Mucha gente fue al juzgado a hacer pericias caligráficas para demostrar que eran afiliaciones truchas, entre ellos gente que no estaba alfabetizada...", resume.

La conclusión de Viera, luego de un largo recorrido en busca de justicia, es que "pensaron que por ser de un sector vulnerable de la sociedad no nos íbamos a enterar, no íbamos a tener medios para defendernos o a resignarnos por temor a perder el plan".

Para Viera, el hecho "cortó con las ambiciones presidenciales de Vidal y hasta con su reelección como gobernadora" porque "expuso su doble moral y doble discurso". Declara, orgullosa, que "tienen mucha plata pero no pudieron comprar el silencio de Villa Itatí" y que el objetivo de la querella es "que la inhabiliten a Vidal para ejercer cargos públicos".

Fuero federal

En paralelo, sigue su curso otra investigación en el juzgado electoral que encabeza Alejo Ramos Padilla. En diciembre pasado, procesó por “falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa del origen de fondos de campaña” a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin. 

Ellos estuvieron a cargo de recibir los aportes para la campaña electoral. Sobre cada uno pesa un embargo de hasta 50 millones de pesos y podrían recibir penas de un año y medio de prisión, e inhabilitación por 10 años para ejercicios de administración.

Siempre según la justicia, esa campaña fue solventada con dinero que el macrismo no pudo justificar y que le endilgó falsamente a personas ajenas a los aportes partidarios (y que, obviamente, nunca los hicieron).

La Justicia Federal determinó que hubo al menos 161 personas que desconocieron haber hecho aportes. “Muchos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”.

No se trata de un “simple error material por parte de los responsables económico financieros de la agrupación”, sino que hubo una “inserción de información falsa en los informes de rendición de cuentas y en los recibos de aportes se articulan en forma conjunta con el fin de la maniobra, que consistía en ocultar dolosamente el origen de los fondos utilizados por Cambiemos Buenos Aires”, indicó el texto firmado por Ramos Padilla.