Fue por medio de la resolución 11167/2024 publicada por la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal.

La parte actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar que ordenará que el “Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional se abstengan de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia“.

A su vez, también prohibieron “realizar otras medidas de reorganización, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos”, señala el documento oficial.

El viernes 28 de junio de 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación.

Las organizaciones demandaron certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos. Es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza en el gobierno de Milei.

Fuente: Ámbito