La detención de 5 personas, el secuestro de casi 2 millones de pesos, 5.300 dólares, documentación varia y otros elementos, fue el resultado principal de una serie de allanamientos que se realizaron hoy en nuestra ciudad y permitieron esclarecer 153 estafas con terrenos.

Los operativos, tras una ardua investigación a cargo del fiscal Gustavo Zorzano en el marco de la IPP N° 19.470/22 (caratulada asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas, en concurso ideal con uso de documento público falso y uso de documento privado falso), fueron realizados por personal de la DDI local.

La orden judicial la otorgó el juez de Garantías Guillermo Mércuri y los acusados fueron identificados como Antonio Agustín Cardinalli (47), Daiana Paola Bustos (36), Enrique Cardinalli (34), Nerea Valentina La Cruz (24) y Luis Maximiliano Lepes (43).

El año pasado se habían hecho 3 allanamientos en el marco de esta causa, que permitieron el secuestro de documentación varia (actas notariales reales y adulteradas, contratos, planos, copias de DNI, formularios y sellos a nombre de distintos notarios).

También habían incautado 4 celulares, un CPU y una notebook, así como 9 chips de telefonía y se había llegado a la aprehensión preventiva de Enrique Agustín Cardinalli.

A partir del análisis de la prueba reunida, se avanzó con la investigación y se logró la autorización para estos nuevos allanamientos, que fueron 5 en total, con las detenciones correspondientes.

En Patagones al 2700 atraparon a Enrique Cardinalli; en una vivienda de la calle Sor Juana Inés de la Cruz fue arrestada La Cruz y en una quinta llamada La Agostina cayó Antonio Cardinalli y Bustos (allí también secuestraron el dinero).

También hubo allanamientos en San José al 2500 y Gambartes al 3600, aunque en esos casos los resultados fueron negativos.

A Lepes, en tanto, se lo pudo interceptar y detener en la vía pública.

"Esta banda estafó entre el año pasado y 2022 a 153 familias, con la venta de terrenos en la zona del barrio Viajantes del Sur, mediante poderes y documentaciones apócrifas y por sumas que superan centenares de millones de pesos", confirmó un investigador.

De hecho, muchos afectados habían llegado a construir sus viviendas, que luego fueron demolidas por topadoras y maquinarias municipales.